Las coincidencias de criterios resultan siempre sospechosas. Porque cuando dos personas se declaran estar absolutamente de acuerdo; una de las dos está pensando por la otra.

Es lo que se me ocurrió al escuchar las declaraciones formalizadas por dos gremios periodísticos, que resultan ser uno solo. Me refiero al Colegio de Periodistas de Pichincha y a la Federación Nacional de Periodistas. Los dos gremios hacen públicos posicionamientos en los que, literalmente, declaran que la diligencia de la AGD con apoyo de la Fuerza Pública “no tiene nada que ver con la libertad de expresión”.

 

Dicho así esta frase que ya parece un eufemismo, para evitar mencionar o distraer la atención de los derechos conculcados en los operativos de la noche del lunes y madrugada del martes,  y por fuerza de repetirla quieren que parezca verdad.

 

“Nada tiene que ver”, la ha repetido el gobierno con todos sus voceros, la ha repetido el presidente de la AGD, y la ha repetido el vicepresidente interventor encargado de los canales Telecentro, Gamavisión, Cablevisión, y las dos radios emisoras, con las que se ha quedado el Gobierno tras la incautación, intervención o embargo de la AGD.

 

Si “nada tiene que ver con la libertad de expresión”, cómo es que apuran a declarar al unísono que ellos garantizan la libertad de trabajo, la estabilidad laboral, el pago de sueldos y la “normalidad en las transmisiones y la programación”; así como la inmediata valoración de los bienes y la colocación en subasta pública, “en el menor tiempo posible”. Que, dicho sea de paso, ya sabemos no será en menos de un año, ya que la diligencia de la AGD se trataría de un embargo de bienes por un juicio de coactiva sujeto de impugnación (Enrique Echeverría, entrevistado por Ecuadorradio)

 

Si “nada tiene que ver” por qué el operativo se efectuó entre gallos y medianoche, a las sombras, con utilización de la fuerza pública (policías y militares armados), chalecos antibalas, amenazas y advertencias (no se oponga señor, aquí soy la autoridad y puedo utilizar la fuerza pública).

 

“Nada tiene que ver con la libertad de expresión” Esa declaración se puede comprender esgrimida por el régimen y la AGD que necesitan justificar, por cualquier medio, la incautación de bienes privados; pero venida de gremios periodísticos que se supone deben ser los defensores de los principios consagrados en las convenciones internacionales. Esa postura sólo se entiende desde la sumisión, el conformismo y el adulo al poder, o en el absoluto desconocimientos de los significados y alcances de los principios y los derechos de libertad y de prensa.

 

La libertad de expresión fue consagrada como principio en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que advertía al Congreso la prohibición de expedir leyes que amenacen con afectar la libertad de expresión. De 1776 a la primera mitad del siglo XX el principio ya era reconocido por las naciones y fue ratificado tras las acciones de lesa humanidad propiciados por los totalitarismos rusos, alemanes, españoles e italianos. Y es que nazis, franquistas, fascistas y también comunistas rusos (leninistas y estalinistas) cometieron los mayores abusos amparados en un absoluto control de los medios de comunicación.

 

La libertad es un principio, un ideal, y como tal se sostiene con otros derechos y principios concretos: el derecho al trabajo, a la paz, a la tranquilidad, a la estabilidad, y, en el caso de la comunicación, los derechos a la independencia, pluralidad, transparencia, responsabilidad, verdad y otros.

Por lo tanto, las garantías se sostienen y solamente en la medida que se respetan todas las demás. No se puede separar los derechos como, y con mucho pesar, se está haciendo en las declaraciones oficiales del régimen y en aquellas que las secundan. “Nada tiene que ver lo ocurrido con la libertad de expresión; pero se debe garantizar el derecho al trabajo”. Que contrasentido encierra esta declaración. Y también aquella que advierte que la “libertad de expresión está o estaría en riesgo”. ¡En riesgo! En riesgo está la construcción colectiva de la verdad, de aquella posibilidad de disentir, de mantener posiciones contrarias.

“En riesgo la libertad de expresión” con radio Sucre clausurada por un burócrata, para quien la libertad depende de la tenencia o no de un trámite de renovación de concesión de frecuencia. No sabe, este señor, que los alcances de la regulación únicamente se refieren a la ocupación del espacio radioeléctrico para evitar su saturación, y bajo ninguna consideración se puede admitir que sea suspendida una radio bajo ese argumento trivial.

 

“Libertad de expresión en riesgo”, con dos canales de televisión abierta en manos de un gobierno que apenas puede sostener una programación en el canal estatal, y otras dos emisoras bajo una misma línea editorial en manos de interventores llamados por el régimen y que interpretan su “misión social”  en la búsqueda de congraciarse con las acciones del poder.

 

Ni hablar de la coyuntura política interna y externa, de las urgencias de Montecristi para aprobar una Carta Magna que permita entre otras: la reelección inmediata, la confiscación de bienes privados con fines sociales, el control y regulación de los medios de comunicación, la autorización exclusiva al primer mandatario para ratificar o no los convenios y acuerdos internacionales.