Investigación y docencia:
Justicieros demandan una ley de comunicación
Legalista es aquella persona que antepone el cumplimiento de la ley a cualquier otra consideración. Y justiciero es el que observa y hace observar estrictamente la justicia. Legalista y justicieros son aquellos que demandan, y con urgencias, la aprobación de la una Ley de Comunicación.
Esta exigencia parece tener como panacea la búsqueda de una regulación de medios de comunicación, disfrazada bajo el vasto manto de la Comunicación y de la libertad de expresión.
Una verdadera paradoja: Pues me resulta difícil concebir la libertad bajo norma legal. Demandar una ley de comunicación es lo mismo que decir: queremos normas, controles, regulaciones que nos garanticen libertad. ¿Una norma como garantía de principios?
La libertad es una categoría conceptual, y debe ser concebida de manera concreta en otros valores y garantías que la sostienen. Es por eso que acostumbramos a reafirmarnos en la libertad cuando repetimos: somos libres porque somos independientes, somos libres porque somos honestos, somos libres porque somos solidarios; somos libres porque somos responsables; somos libres porque nos sentimos libres. Así, la libertad aparece como un sentimiento y como una sensación. La pregunta es: será que una normativa legal nos puede garantizar esa sensación y ese sentimiento.
“Es que queremos una Ley de Comunicación porque otros países del primer mundo la tienen” El legalista justiciero, para colmo de los males, encuentra su panacea en remedar e imitar a lo que considera espacios de civilización superiores.
La libertad inició como una concepción anti monárquica: la independencia de los Estados Unidos, primero (1776); y la Revolución Francesa, después (1789) fueron los momentos de la historia en los que el concepto obtuvo su valor absoluto. La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos advierte que “El Congreso no legislará sobre la práctica religiosa ni tampoco sobre su libre ejercicio; ni restringirá la libertad de expresión o de la prensa; ni el derecho de las personas a asociación pacífica y la petición al gobierno por compensación de injusticias”.
El concepto de libertad como garantía universal y absoluta fue recogido en la declaración Americana de los Derechos del Hombre, 2 de mayo d 1948, artículo 4: “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio”. Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948. En sus artículos 18 y 19, garantiza: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión…” 19 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Para pasar de la declaración a la efectividad jurídica de los principios y garantías contenidas en los acuerdos; en 1950 se redactó el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su artículo 10 sobre Libertad de expresión. “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa”.
En este ejercicio de efectividad jurídica el convenio europeo restringe las libertades a la necesidad de establecer regulaciones y sanciones (leyes) “para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de las informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.
Entendido así el marco de las libertades, desde luego, permite un desempeño del oficio de comunicar e informar con independencia y responsabilidad.
Los legalistas y justicieros, algunos enquistados en la Asamblea Nacional, deberían reflexionar en que los marcos legales no garantizan mayor libertad ni siquiera el ya disponible en el Ecuador con una Constitución que garantiza el principio y el derecho a la expresión o información; pero con un sistema legal y judicial absolutamente controlador y sancionador.
La ley restringe las libertades a una codificación de autorizaciones previas; incluye todo tipo de calificaciones de contenidos, horarios de emisión; clasificación de audiencias por grupos de edad y enumera sanciones.
Al parecer este empeño por contar con un cuerpo legal de la comunicación busca una especie de venganza pública contra los medios y sus propietarios. Pensar que un cuerpo legal vaya a hacer un mejor ejercicio del periodismo es una ilusión vana y sin sentido. Celebrar un texto legal que censura contenidos, judicializa las opiniones, advierte y amenaza a los periodistas resulta anticonstitucional.
El mejor escenario para hacer periodismo es la libertad porque aporta los soportes de independencia de los poderes públicos y privados que les permiten a los comunicadores indagar en lo que los poderosos quieren mantener oculto.
Las Universidades, como quizás ninguna otra institución, son el reflejo y representación de su entorno inmediato, la colectividad. Así consideradas se han mantenido por décadas como formadoras de profesionales con suficiencia académica para afrontar el crecimiento de las ciudades y regiones en las cuales se propició su propio surgimiento.
El universo de oportunidades de formación constituyó siempre motivo de preocupación de las autoridades regentes de las Casas de Estudios; y en particular en el Austro, en donde hay casi una decena de Universidades que ofrecen formación humanística y técnica, en vastos campos de conocimientos y sus especificidades.
La multiplicación de universidades ha seguido a la multiplicidad de intereses manifiestos de formación, como necesidades reales de la región; y otras se han impuestos siguiendo la lógica de crecimiento de distintas regiones, ciudades y países.
Se podría ilustrar que las universidades han crecido en lo horizontal. Pues en una extensión lineal de menos de 30 kilómetros se ubican las diez. Surge, entonces la pregunta si, acaso, en una dirección vertical también han desarrollado las universidades. Podemos advertir que sí, desde luego, sería inapropiado el no reconocerlo; pero, y entonces, ese crecimiento fue acelerado o suficiente y pertinente para alcanzar esa que es la entelequia en los Centros de Estudios Superiores: la excelencia. Será justo reconocer, también, que no. Que los ideales de la Universidad, en su conjunto aguardan; y esperan la suma de varios factores tanto internos: (capacitación de docentes, mejoras administrativas y de infraestructura, fortalecimiento de la participación estudiantil, pero en actividades académicas). Así como, externos (mayores presupuestos y conexiones para actualizaciones permanentes en casi todos los ámbitos).
La investigación es otro propósito universitario pendiente. Los centros de estudios han emprendido y con gran impulso el tratar de fomentar iniciativas docentes encaminadas a la investigación. Su consecución se verá manifiesta y con los beneficios para el prestigio de las academias de la región y, sobre todo, como complemento indispensable en la práctica docente y de formación integral de los estudiantes.
estigación y docencia: el reto para las Universidades
http://bit.ly/9ZwUOi
La huelga de los policías
Los policías se declaran en huelga. Se encierran en el Regimiento Quito, su cuartel general, y la prensa empezó a especular con calificativos mucho más escandalosos que el propio hecho, que los policías se negaran a trabajar.
El mandatario Rafael Correa, convencido de que la protesta policial obedecía a un enojo ya manifestado antes por el articulado de la Ley de servicio público, que eliminaba bonos, condecoraciones y ascensos; y sustituía por otra modalidad de bonificación , acude de manera personal para sofocar el reclamo. Confiado el Presidente en las informaciones de “inteligencia” de que “todo estaba bajo control” y que la tropa seguiría obediente a la cúpula de generales llega a un patio en el que ya estaba ocupado por policías indignados, por familiares y amigos de éstos también bajo efectos de resentimiento, espíritu de cuerpo y solidaridad.
El enojo era natural: si tan solo el mandatario hubiera podido meditar en la importancia que para el policía y su familia tienen los ascensos y condecoraciones; si hubiese pensado que el bono y la canasta navideña son ritos y ceremonias emotivas para oficiales, personal de tropa y sus familias; quizá su ley no hubiese sido impuestabajo el imperio de la cólera y las balas.
Es probable que para muchos asambleístas con aires de intelectuales sociales sea algo trivial un botón o insignia de graduación y ascensos de jerarquía dentro de la Fuerza Pública. Es probable que para aquellos científicos sociales de aula de clase perfumada y portátil con conexión al mundo virtual, que pululan de asesores de Asamblea y Gobierno; sea la celebración de la Navidad y la entrega de regalos una alegoría impostada del mundo occidental, del que tanto reniegan; pero ignoran los significados emocionales y humanos que tiene para las personas comunes.
Es imposible forjar una Ley que ignore y atropelle los valores y las costumbres. No hay que desconocer que las primeras normas, las elementales y básicas, solo fueron una transcripción de lo que ya se seguía por costumbre.
No se puede legitimar un articulado legal con sangre y fuego. Y menos en un escenario de guerra civil transmitido en directo por la televisión pública y privada. Nadie quiere ya héroes rescatados de las salas destartaladas de los hospitales públicos ni lastimeros llamados de unidad sobre el silencio de cadáveres caídos bajo el fuego cruzado de comandos de una misma fuerza pública. Ningún ciudadano soportó el ejercicio de una comunicación unidireccional emitida de manera forzosa y forzada desde la televisión y radio públicos, ni los discursos ni llamados formulados por personas desconocidas y hasta descalificadas que se sucedían durante cinco horas de una cadena nacional “indefinida e ininterrumpida”.
La huelga de los policías y de un sector de la Fuerza Aérea; convertida por la especulación de los medios en: “revuelta, sublevación, insurrección, insubordinación; y por el gobierno en un intento de golpe de estado”; sí, pone en evidencia, una vez más, la debilidad de un sistema democrático acomodado cada cierto tiempo a los intereses de los gobiernos de turno; con articulados constitucionales moldeados a esos requerimientos coyunturales.
Hubiese sido mucho más fácil encontrar a los cabecillas de la declaratoria de huelga si los medios y el gobierno mantenían el incidente en esa justa medida; pero ahora, tanto la televisión como el régimen, llevaron los acontecimientos al secuestro de un mandatario, a un intento de golpe de estado, a un estado grave de conmoción interna y a un enfrentamiento armado que dejó media docena de muertos y casi un centenar de heridos. Sin sumar las secuelas y el desprestigio internacional causado al convertir a la República en un escenario mediático guerra civil que, con un mínimo uso de inteligencia, se pudo haber evitado.
Ya no hay espacio para el periodismo envanecido
Con la despedida del presentador de televisión Carlos Vera, del programa de noticias y entrevistas Contacto en Directo de Ecuavisa, desaparece de la pantalla aquella imagen del periodista envanecido.
Vera, con una larga trayectoria en el medio de comunicación televisivo, representó siempre aquel avatar de periodista provocador, ingenioso, sagaz, perspicaz y con esa habilidad para hilvanar la frase corta punzante y la pregunta inquisidora; pero también hizo la representación del comunicador engreído, presumido y soberbio.
Un doble juego en la construcción de la imagen de un presentador de televisión que además manejaba ese doble ejercicio de la moral que no dejaba de causar incertidumbre en los consumidores de la ilusión noticiosa de la pantalla; pues no dudaba en exteriorizar sus afectos y desafectos, en lo político ideológico que le correspondió enfrentar como presentador y también al anunciar a luz pública su liberal vida afectiva.
En aquel doble juego de recreación de roles y representación profesionales fue presentador de noticias y también funcionario público. Si bien, no de manera simultánea como correspondía a un comportamiento ético, pues el ejercicio paralelo de las dos actividades resulta incompatible e irresponsable.
Antes de su despedida de la pantalla Vera daba avisos de un estado de perturbación bastante próximo a la soberbia y la ira. Dos episodios que recuerdo: el presentador ha recorrido a esa actitud insoportable de levantar la voz a los subalternos asistentes de piso. Ha tenido que hacer un conteo hasta diez para retomar la calma que le permita continuar una entrevista y al día siguiente ha vuelto a llamar la atención a los asistentes por una desconexión del apuntador, aquel artilugio que no es otra cosa que un audífono que los presentadores llevan todo el tiempo y por el cual pueden escuchar al equipo de producción que labora para que el presentador se luzca todo el tiempo.
Acosado por el cansancio se despide un presentador que entendió mal el servicio público del rol del periodista y que en su arrogancia se ensañó en un ejercicio de oposición contra un régimen de gobierno que cuenta con respaldo popular y contra un mandatario que hizo de la crítica a la prensa, en general, una de sus estrategias de recuperación de imagen.
Se ausenta de la pantalla un estilo de hacer periodismo desde el culto a la imagen individual, arrogante y sínica del atractivo físico, se desploma la concepción del paladín y defensor de los que no tienen voz, y en el caso de Vera, supuestamente, de los que “tienen miedo”.
El periodismo nuevo, el que se requiere, debe ser de construcción colectiva, próximo a la gente, a los ciudadanos, el que surge de un trabajo de equipo y cuya dirección es el servicio público responsable.
El periodismo envanecido es improductivo en sus dos acepciones: soberbio, engreído, arrogante; y también, vacío, vano, sin frutos.
Ojalá ese ejercicio de representación del presentador de televisión no sea un remedo de la soberbia y que los aprendices de Vera reflexionen en sus responsabilidades como periodistas, y que los medios orienten sus programas informativos en su entera correspondencia con los intereses ciudadanos, colectivos.
Una prologada campaña de distracción
No hay nada más entretenido en la política ecuatoriana que una campaña.
Será por ello, por distracción, que en los últimos dos años hemos vivido en campaña, una ya larga y prolongada campaña que parece nunca terminar. Y es que en honor a ese entretenimiento masivo, ahora mismo, asistimos a la multiplicación de votantes: pasamos de los 10 millones de electores, con la incorporación de más de 500.000 votantes menores de edad y mayores de 16 años: así como, policías y militares.
Con esta lógica de multiplicación geométrica de votantes, a un ritmo similar al del crecimiento de la población, muy pronto votarán los niños, que ya lo hacen en elecciones simbólicas de derechos y opciones en programas de políticas públicas.
En esa distracción permanente en que han colocado a tan vasto electorado la oferta ha sido más bien limitada: la elección de un mandatario cuya figura fue construida por los medios de comunicación que hicieron de un economista de 43 años de edad, el símbolo mediático del gobierno interino de Gustavo Noboa, y de esa figura joven y jovial a un prospecto presidencial, en ese momento más por sus atractivos físicos que por la profundidad de sus propuestas.
Por desencanto y aburrimiento, electores agotados de repetir pasados intentos fallidos eligieron a Rafael Correa como presidente y asumieron con la única lógica de la “esperanza” una confianza en la posibilidad de cambio. Ratificaron el 28 de septiembre esa esperanza, para la que fue necesario multiplicar los espectáculos y conciertos para aprobar un nuevo texto constitucional.
La campaña nunca se cerró, el Primer Mandatario, nunca renunció a la tarima y no se bajará de ella hasta abril de 2009 en la que reclamará de sus electores una nueva ratificación y no solamente para él, sino para un millar de colaboradores que correrán con la Alianza política que hoy intenta acomodar una administración pública y ajustar un discurso populista en la práctica.
Con el anuncio de las próximas elecciones, de manera simultánea, el gobierno, de los plenos poderes, ha colocado en la agenda mediática que ahora la controla con una media docena de medios adscritos al régimen, dos golpes de efecto que levantan imagen pública interna; aunque, no dejan de evidenciar recelo y desconfianza en el exterior: el arbitrio de la Cámara de Comercio Internacional, CCI, de París, por un crédito brasileño para la construcción de la presa San Francisco. Y un informe que pone en entredicho las concesiones de préstamos de las instituciones crediticias internacionales.
Los juegos políticos no pueden abstraerse de su connatural relación y dependencia de la economía y las finanzas; como tampoco se pueden ignorar las repercusiones diplomáticas y acuerdos de buena vecindad.
Hay que cuidar sí el frente interno, y con razón, si se vive en permanente campaña para evitar los deslices que obligaron en el pasado esos súbitos desenlaces de inestabilidad política y de gobierno; sin embargo, hay que medir las consecuencias que esas estrategias al interior repercuten en lo externo, y, en particular, en la necesaria proximidad que se requiere con gobiernos amigos.
Las previsiones para las economías latinoamericanas no son nada halagadoras; y, por el contrario, se avecinan días difíciles. La esperanza tiene límites y estos son los que ofrece la confianza que esos millones de electores depositan con su voto en la posibilidad de cambio que se les oferta desde las tarimas con promesas, ilusiones y cantos nostálgicos.
Los peligrosos juegos de lenguaje del presidente
Mientras se diseñan las estrategias dos textos constitucionales se distribuyen por Internet, el que primero se apuraron en colocar tras el vértigo de las trasnochadas aprobaciones y, el segundo que se completó con las reconsideraciones y cálculos políticos de última hora. Como la del quichua y el shuar que entraron como lenguas oficiales de la interculturalidad y fueron marginadas de esa categoría las restantes 12 lenguas nativas. Ahora ya no sólo hay la lengua castellana o española con rango universal, sino, y también las de segunda que facultan la interculturalidad que necesita Correa para captar votos, y las de tercera que se circunscriben a sus circunscripciones, y sólo a ellas, por mandato de la ley. Qué concepto y práctica de la interculturalidad que idearon los asambleístas, ¿verdad?.
Fernando Cordero, dijo que la Constitución despertará comentarios en el exterior, tiene razón, lo que no dijo es cuál será la medida de esos comentarios y si algunos serán publicables.
Correa dijo y luego negó haberlo dicho: que el pedido de la inclusión del quichua como lengua oficial era “novelería”. Y afirmó y repite algo peor: que “el quichua era lengua hablada hasta hace cuatro décadas”. Desconoce que el quichua tiene una gramática desde 1560 (escrita por Domingo de Santo Tomás) eso significa más de cuatro siglos atrás, y que el quichua tuvo literatura antes y después de la conquista española y la colonia, y que tanto el ex presidente Luis Cordero y Juan León Mera, escribieron y recitaron poemas en quichua, en 1875 (Rinimi Llacta) y 1892 (La Mashalla). Solo falta que diga que el español es lengua hablada porque la gramática la escribió el castellano Antonio de Nebrija (1492) o el venezolano Andrés Bello (1840) y no un ecuatoriano.
Para rematar, en su desconocimiento y afrenta al pueblo indio y a la inteligencia de los ecuatorianos dijo que dejará de llamar, como lo hace siempre, la vulgaridad de “care tuco”, para referirse a sus opositores y que de ahora en adelante los llamará “rumiñahui” cara de piedra. En su ofuscación ni siquiera puede medir sus palabras o, si es tan inteligente como el mismo lo pregona y sus disparatadas expresiones son deliberadas; entonces en su audacia juega con fuego. Y tarde o temprano sus deslices se volverán en su contra.
Lo que se escucha antes de ir a votar
Nunca antes se ha puesto en evidencia, como ahora, que la única participación posible para los ciudadanos es acudir a las urnas a votar. Y, claro, a eso se le llama participación democrática, además de compromiso civico y responsabilidad ciudadana.
El asambleísta, César Rodríguez, aquel dirigente de una manzana pavimentada de un barrio modelo de Quito y que se prestaba para todo y todos los proyectos impulsados por el buró de Correa y quien cargará con la responsabilidad de haber metido las manos en la Corte de Justicia, por ejemplo, dijo a un canal de TV que “esta constitución tiene el mérito de haber sido escrita con puño y letra de los ciudadanos”. Me acordaba de aquellos primeros trazos de escritura que hacen los niños con sus pequeñas manitos guiadas por las manotas torpes de maestros que dudan de las destrezas de sus alumnos.También me acordé de los malos maestros, cuando por la mañana el periodista Carlos Vera preguntaba a Gabriela Baer, si ya había leído la Constitución y la recordaba que estaba publicada en Internet, y había sido distribuida la víspera por Diario Expreso, Y la dulce Gabriela se excusaba como niña tímida de escuela primaria: es que no llega el periódico a mi barrio, ni pude abrir la página de Internet. Como la naturaleza es siempre justa minutos después León Roldós le decía a Vera y le demostraba que estaba equivocado en una interpretación de los artículos referidos a la transición de la Asamblea de Montecristi a la Nueva Asamblea Nacional Legislativa. Y, Vera, como niño amonestado optaba por el ridículo de la testarudez.
Y esto ocurre en las primeras lecciones que los investidos de la palabra en los medios han emprendido para advertirles a los ciudadanos cómo votar por el Sí o por No. Y es que no hay otra opción en el juego democrático.
Ahora todos los asambleístas se han constituido en docentes, y en particular aquellos que acudieron a Montecristi en búsqueda de mayor reconocimiento. El anuncio de Pablo Lucio Paredes, de que recorrería el país, los medios, las academias y cualquier otro espacio para decirle a la gente porqué debían votar por el NO, fue suficiente para desatar una ola de imitadores e imitadoras. La estrategia, según ellos mismos será el mecanismo para afrontar la campaña mediática propagandística que ya se alista por las dos posibilidades.
Aseguran que para hacerlo habrán leído los 444 artículos contenidos en las 176 páginas que deben volver a leer porque les cambiaron los contenidos en la mesa de corrección y otros tantos artículos entraron, entre gallos y medianoche, del portapapeles de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República a la redacción de artículos de Montecristi. Y todo eso a vista y presencia del rostro de Alfaro, que en color bronce fundido hacía de veedor de la transparencia del proceso.
Si hace dos semanas, las encuestan advertían que el 99 por ciento de los ecuatorianos no conocía nada de lo que los asambleístas aprobaban en Montecristi; esta semana preguntas similares mencionaban que menos del uno por ciento había revisado ya el texto constitucional.
Los deudores de buena fe
El informe de la comisión de análisis de la deuda externa puso nerviosos a muchos.
El expresidente Sixto Durán Ballén, es uno de los que han salido a advertir que el informe tiene una intencionalidad política y que sin embargo sus actuaciones para el endeudamiento, en más de 50 años de vida pública, fueron actos de buena fe. Sin deuda no hubiesen sido posibles las carreteras de integración entre Quito, Guayaquil y Cuenca, ha dicho en declaraciones a la televisión.
Un informe de deuda en el que se advierte que no todo el endeudamiento fue canalizado para obras, y que en un mayor porcentaje, casi de vergüenza, hasta de 92 por ciento, se pagaron estudios y consultorías; y en otros se negociaron intereses muy particulares de consorcios extranjeros. Hay reconocimientos de deuda malhabida que por vergüenza gobiernos como el de Noruega terminaron condonando en un claro acto de espiar culpas ajenas.
Se denuncia la intervención de los prestamistas en políticas internas y presiones para la implantación de modelos de administración en los cuales se emprendió la privatización de empresas del sector público, reducción del tamaño del estado, y otros mecanismos que lo único que buscaban es garantizarles los pagos suficientes y oportunos.
Sin endeudamiento este país no tendría carreteras, ni hospitales, ni escuelas; la pregunta es ¡acaso los tiene? en la medida y proporción de lo que significó el tamaño del endeudamiento y el costo social que vivimos. Claro que es un instrumento político el informe de deuda, como políticos fueron en su momento quienes tramitaron el endeudamiento. Lo que resta determinar es sí esos procedimientos fueron legítimos o ilegítimos.
Si hay que sentar en el banquillo de los acusados a una docena de ex presidentes, hay que hacerlo; aunque la Asamblea Constituyente ya haya exculpado a uno de ellos (Gustavo Noboa) mediante la figura de la amnistía, amnistía que quizá, por ese otro mecanismo de la jurisprudencia vaya a exonerar de culpabilidad a todos los demás, incluidos subalternos, prestamistas, y todos. Pues la amnistía no suspendió las responsabilidades, sino la infracción.
