Las acciones judiciales de Montecristi empiezan a mostrar sus vacíos de contenido

El poder judicial mostró su primer signo de resistencia a la imposición de los plenos poderes de la Asamblea de Montecristi.
El miércoles no otorgó una amnistía a Juan Falconí, ex superintendente de bancos, en un caso que se investiga sobre la fusión de la Previsora y Filanbanco, que se calcula, dejó pérdidas por 800 millones de dólares al Estado ecuatoriano.
Era el desenlace que ya se veía venir una vez que la solicitud de amnistía de Falconí se dejó de tratar en Montecristi, bajo la consideración de que ya sobre el caso se había entregado otras y que por añadidura el peticionario la podía exigir directamente a los jueces. Con esa respuesta y la de Fernando Cordero, quién afirmaba que las concesiones de amnistía se hacían a los procesos y no a las personas, pretendía pasar la “papa caliente” a los jueces. Y es que los asambleístas investidos de plenos poderes prefirieron poner las manos en el fuego por unos, pero no por otros.
Con Vilma Salgado les resultó más fácil otorgarle el perdón y olvido legal, ya que en su caso la promoción de sus presunto estado de persecución y su vida de refugiada en el interior de una universidad caló en los medios y en la sensibilidad; además había como antecedente una oferta de campaña, y como se evidenció, el cargo esperando en el Ministerio de Economía.
Pero al parecer la negativa de los magistrados jueces no marcha solamente por la sensibilidad; al parecer, por lo que se difunde, recordaron que en el Derecho existe doctrina, y la Asamblea con plenos poderes o no, deberá justificar, cada una de sus actos, mejor dicho, sus mandatos con una y muy convincente. Los anuncios por televisión hechos por, Fernando Cordero, de que los jueces que no acaten las resoluciones de la Asamblea serán suspendidos en sus cargos, ya no tienen el mismo efecto de cuando estaba al frente de la Asamblea de Montecristi. El trabajo terminó el pasado 25 de julio y ayer los jueces han exigido mirar las resoluciones.
Recuerdo que uno de los principios del Derecho advierte que: “Todo está permitido excepto aquello que está expresamente prohibido”. Y aquel otro que atribuye a que “es válido en los procesos solamente lo que está escrito e incorporado al proceso”. Las amenazas y advertencias a los magistrados jueces entonces serán válidas en la medida que se rubriquen con puño y letra sobre el papel, y no aquellas lanzadas con demostraciones de aspavientos mediante los canales de televisión. Y será mejor que así como instauraron el perdón y olvido legal para determinadas personas, encuentren ahora la doctrina que, en Derecho, les faculte a extenderla para otros a quienes deben esos favores.